José Parrada murió a mediados de julio en la intersección de Soler y Marcelo T. de Alvear. Los acusados están en libertad por ser adolescentes
El caso que conmocionó al barrio Cerrito y San Salvador en Mar del Plata sigue sumando capítulos. Más de tres semanas después de la muerte de José Parrada, quien murió decapitado al impactar contra un cable atravesado en la calle a baja altura, la Justicia fijó una serie de medidas clave en la investigación para determinar responsabilidades entre los menores implicados y el rol de las instituciones provinciales y municipales.
Según informó el portal 0223, el funcionario tomó la decisión en cumplimiento del artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño. Este artículo garantiza que niñas, niños y adolescentes tengan derecho a ser escuchados y a que sus opiniones sean tomadas en cuenta en todos los procesos que los afectan, teniendo en cuenta su edad y madurez.
En paralelo, la Justicia de Garantías del fuero convocó una nueva audiencia para finales de agosto. El encuentro tiene como objetivo que los operadores de los servicios sociales y los organismos de protección de derechos de la infancia, tanto provinciales como municipales, brinden detalles de las intervenciones y tareas realizadas con los menores involucrados en el hecho.
Desde el fuero señalaron que en la primera audiencia, realizada el 25 de julio, solo se presentaron operadores provinciales, por lo que se remitirá un oficio especial a los responsables municipales para garantizar su participación en la próxima convocatoria.
Durante el primer encuentro, familiares de José Parrada estuvieron presentes y recibieron información sobre las resoluciones judiciales más recientes. Se ratificó la vigencia de la restricción de acercamiento sobre los tres adolescentes identificados, una medida que apunta a proteger tanto a la familia de la víctima como a los propios menores en situación de vulnerabilidad.
El delito que investiga el fiscal fue calificado como homicidio con dolo eventual, una figura jurídica que se utiliza cuando el autor no tenía intención de causar directamente la muerte de la víctima.
No obstante, la jueza Mariana Gulminelli, en su primera resolución sobre el caso, había rechazado la posibilidad de dictar una medida de seguridad de encierro a los menores y argumentó que a esas edades no puede atribuirse discernimiento suficiente para entender la existencia de dolo eventual.
En cambio, la magistrada resolvió restringir el contacto de los adolescentes con la familia de Parrada y remarcó que las acciones con los implicados deben contemplar un enfoque de derechos y resguardo de garantías básicas.
Tal como pudieron reconstruir las autoridades, entre los cinco menores identificados por el caso, fueron estos tres quienes concretaron la acción de cruzar el cable. Todos permanecen bajo la órbita de los servicios de niñez.
La declaración de los tres adolescentes ante el Ministerio Público Fiscal busca no solo contribuir a la reconstrucción de lo sucedido, sino también cumplir con las obligaciones legales internacionales en materia de derechos del niño.
La Justicia mantiene todas las líneas de investigación abiertas y sostiene que las respuestas institucionales deben centrarse tanto en el esclarecimiento de las responsabilidades penales como en las condiciones de vida y protección de los menores involucrados.
