La Fiscalía solicitó elevar la causa a juicio y condenar a la ex pareja acusada de falsificar documentos, junto con una tercera imputada. Entre los denunciados se incluye un empleado público que cobraba al Estado mientras los usuarios utilizaban certificados apócrifos para ausentarse de sus trabajos.
En una audiencia de control de acusación que se extendió por casi dos horas, el fiscal de Instrucción N°3, Esteban Roche, y su par adjunta, Alejandra Quiroga Nassivera, pidieron la elevación a juicio y la aplicación de cinco años de prisión para los tres presuntos responsables de emitir y comercializar certificados médicos falsos en la provincia de San Luis. Entre los acusados figuran Paola Valeria Tonelli, José Augusto Toledo —empleado público— y Graciela Apaza Señani, quienes habrían configurado una asociación ilícita.
Cómo se descubrió la maniobra
La investigación inició en marzo de 2024, luego de que un médico denunciara que se estaban emitiendo certificados en su nombre —sin su conocimiento— y ofreciendo dichos documentos vía redes sociales. En septiembre de ese mismo año, Tonelli y Toledo quedaron imputados por falsificación de documentos, al detectarse un considerable volumen de empleados públicos y privados que presentaban estos papeles para justificar ausencias laborales.
Pocos meses después, el Gobierno provincial advirtió que más de 90 trabajadores estatales utilizaron certificados “truchos” para no concurrir a sus puestos. Ante la persistencia de los hechos, la Justicia determinó que Tonelli y Toledo habían continuado con la venta de certificados falsos, por lo que ambos fueron enviados con prisión preventiva al Servicio Penitenciario. Simultáneamente, se imputó a Apaza Señani y surgió la figura de asociación ilícita.
Acusaciones y roles
Durante la audiencia de este miércoles, en la que Apaza Señani brindó su versión de los hechos, la Fiscalía describió el supuesto mecanismo:
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Tonelli y Toledo publicaban en redes —o por estados de WhatsApp— ofertas de certificados de diversa índole: médicos, justificaciones laborales, aptos físicos, etc.
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Toledo recibía el pago a través de Mercado Pago, dado que los usuarios depositaban allí el dinero.
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Apaza Señani realizaba las impresiones y modificaciones de los documentos en su negocio, donde guardaba archivos ya listos para editar.
El fiscal Roche tipificó la conducta de Tonelli y Apaza Señani como asociación ilícita y falsificación de documentos públicos y privados, mientras que Toledo también fue acusado de defraudación a la administración pública, dada su condición de empleado estatal. De acuerdo con la presentación de la Fiscalía, la actividad ilícita persistió aun después de la primera indagatoria, y los acusados “siguieron cometiendo actos del mismo tenor”.
El daño al Estado y el pedido de pena
En representación del Estado, el jefe de la Sala Penal de la Fiscalía de Estado, Santiago Calderón Salomón, se sumó al reclamo de cinco años de cárcel, argumentando que la maniobra perjudicó sustancialmente las arcas provinciales. “Más de 90 empleados públicos se ampararon en certificados que resultaron no ser verdaderos. No solo faltaban a sus puestos, sino que tampoco sufrían el descuento correspondiente”, enfatizó el letrado.
La defensa, a cargo de Federico Farías en el caso de la pareja, y Héctor Zavala Agüero para Apaza Señani, planteó impugnaciones. En particular, Apaza reconoció que conocía a Tonelli y Toledo por las fotocopias que hacían en su local, pero negó integrar una asociación ilícita.
Finalizada la etapa de ofrecimiento de pruebas y testigos, la jueza de Garantía, Agustina Dopazo Samper, dispuso un cuarto intermedio. En las próximas 48 horas, se definirá cuáles evidencias y testimonios pasarán al juicio oral, en caso de admitirse la elevación.
De prosperar esta solicitud, los tres acusados enfrentarán un proceso que, según la Fiscalía, pondrá de manifiesto la magnitud de una red que afectó tanto al sector privado como al estatal, con certificados apócrifos que justificaban enfermedades ficticias y que, en el caso de Toledo, incluso le permitían continuar cobrando del erario público.
