Un informe de ANSES reveló que la familia de Blanca Provenza, enterrada en el patio en 2024, siguió cobrando su jubilación hasta 2025, por lo que la causa pasó al fuero Federal.
El fiscal de Instrucción Nº 1 de la Tercera Circunscripción Judicial, César Hugo Salazar Molina, remitió a la Justicia Federal una causa que investiga una posible defraudación a las rentas públicas nacionales. La decisión se fundamenta en un informe de ANSES que reveló irregularidades en el cobro de haberes previsionales a nombre de una ciudadana fallecida en abril de 2024.
Según el expediente, Blanca Esther Provenza, de 93 años, fue enterrada en el patio de su domicilio por su familia y figuró como beneficiaria de un haber previsional hasta abril de 2025. El hallazgo se produjo cuando un particular solicitó un certificado de defunción sin contar con registro previo del deceso, lo cual activó una investigación del Ministerio Público Fiscal.
El artículo 116 de la Constitución Nacional y la Ley 27.146 atribuyen a la Justicia Federal la competencia exclusiva para intervenir en delitos que afecten las rentas nacionales. Ante la posible comisión de un delito federal, el fiscal Salazar Molina se declaró incompetente y remitió el expediente a la Fiscalía Federal correspondiente.
La autopsia, realizada por el médico forense Gustavo Lafourcade Durán, descartó toda muerte violenta y concluyó que Provenza falleció por causas naturales. Sin embargo, el informe de ANSES incorporado al expediente demostró que, pese al deceso, sus familiares continuaron percibiendo el beneficio previsional durante un año completo.
La causa continuará ahora bajo la órbita de la Justicia Federal, que deberá determinar si existió defraudación a las arcas nacionales y establecer las responsabilidades correspondientes.
