Gobernadores y legisladores de la oposición buscan conocer los detalles del pacto bilateral, para saber cómo impactará en sectores clave de la economía y si se requiere aprobación parlamentaria
El hermetismo en la Casa Rosada es total. Al menos tres funcionarios de la mesa chica afirmaron a Infobae que no conocen la letra chica que se está gestando a raíz del acuerdo comercial entre Argentina y los Estados Unidos. O al menos eso es lo que buscan comunicar. A pocas semanas de que se renueve el Congreso, prácticamente todos los sectores de la oposición desconocen si el contenido del mismo ameritará que sea autorizado por la vía parlamentaria.
El Gobierno está iniciando su campaña para la aprobación del Presupuesto 2026 y la movilización de las principales reformas impulsadas por Milei para esta segunda etapa de la gestión. El oficialismo parece estar ampliamente optimista en que logrará movilizar prácticamente todas ellas, pero reconocen que en la medida que se sigan sumando iniciativas, la dinámica de las tratativas irá adquiriendo complejidad.
La puesta en conocimiento del acuerdo comercial con Estados Unidos está siendo un asunto que comenzó a llamar la atención de más de un gobernador o referente legislativo. “Para resolver si tiene que pasar para el Congreso deberíamos ver la letra chica, y eso nadie lo tiene”, explicó una importante figura técnica de Diputados, ámbito en el que se tratará el Presupuesto en primera instancia.
Estados Unidos y Argentina anunciaron la firma de un acuerdo comercial destinado a fortalecer la relación económica bilateral y fomentar nuevas inversiones, según detalló la Casa Blanca en un comunicado oficial. El pacto, denominado Acuerdo Marco de Comercio Recíproco e Inversión, establece un marco transparente y basado en reglas para el comercio y la innovación, con el objetivo de impulsar el crecimiento a largo plazo y ampliar las oportunidades para ambos países.
Entre los puntos centrales, el acuerdo contempla la reducción de tarifas para industrias claves, el alineamiento de estándares, el fortalecimiento de la protección de la propiedad intelectual y un compromiso conjunto para promover un comercio más justo y recíproco. La administración de Donald Trump destacó que el entendimiento refleja la ambición y los valores compartidos, y se apoya en reformas que Argentina ya implementó para modernizar su régimen de comercio e inversiones.
Con su llamado a Casa Rosada a 20 de 24 gobernadores, el Gobierno puso un techo de los mandatarios con los que confía un diálogo político. Sin embargo, el número de actores que considera vitales se reduce si se tiene en cuenta que priorizará a aquellos que tengan legisladores en al menos una de las dos cámaras. En una reunión realizada ayer en Casa Rosada, la cúpula política de Milei estableció como a algunas provincias de confianza a Misiones, Salta, Tucumán, Catamarca, Río Negro y Neuquén.
Hay gobernadores a los que ciertos rubros que se mencionaron en los trascendidos tienen una incidencia en sus distritos. Varios de ellos piden tener una nueva instancia de diálogo con alfiles del Gobierno para tomar una postura en particular. “Es difícil opinar sobre algo cuando no están los detalles”, indicaron desde una de las cinco provincias más grandes. La respuesta se asemejó -en mayor o menor medida- en otras 10 provincias diferentes, algunas muy cercanas al oficialismo y otras más distantes.
A priori, parece haber una pulsión de parte de las provincias aliadas a apoyar el acuerdo pese a no conocer la letra chica. “En líneas generales somos favorables a los acuerdos de libre comercio. Todo acuerdo que mejore la fluidez del comercio, que abra barreras, que nos acerque a centros de consumidores tan grandes, a nosotros nos sirve”, indican desde la Región Cuyo.
Entre los rubros beneficiados por el entendimiento están el sector cárnico, el de recursos naturales y el farmacéutico. Entre los perjudicados figuran las automotrices y las Pymes. Un eventual impacto en estas últimas dos impactarían de manera notoria en los grandes polos urbanos, con eventuales pérdidas de empleo.
Es por eso que para paliar ese efecto y permitir mayor dinamismo en el mercado del trabajo, el Gobierno tiene especial apuro por sacar la reforma laboral. No es casual que le hayan encomendado a la ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, que comience a establecer la estrategia política en el Senado, el ámbito donde se tratará en comisiones a partir de la renovación legislativa.
La incógnita que circunvala a varios actores de la oposición es si el acuerdo en sí puede generar las condiciones que pide Estados Unidos sin cambiar las leyes argentinas. “¿Puede Argentina alinearse en materia de propiedad intelectual y patentes sin cambiar leyes? No. No puede. Y patentes es sólo un ejemplo de una decena de arreglos legales que serían imprescindibles. Milei podría aprobar cambios por decreto, pero no daría confianza ni seguridad jurídica. Por eso no sería confiable eludir al Congreso”, marca un técnico que asiste a uno de los importantes bloques de la oposición.
