El presidente de la Cámara baja dispuso que legisladores salientes restituyan espacios, mobiliario y equipos asignados antes de finalizar su mandato. Las sanciones económicas y acciones legales en caso de incumplimiento
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, dispuso que todos los legisladores del cuerpo que finalicen su mandato o cesen en sus funciones deberán restituir, antes de abandonar sus cargos, la totalidad de los espacios físicos, oficinas, despachos y dependencias, así como el mobiliario y equipamiento electrónico e informático que les haya sido asignado durante su gestión.
La medida, formalizada el 14 de noviembre de 2025 en la ciudad de Buenos Aires, responde a la inminente renovación parlamentaria prevista para el 10 de diciembre y a la necesidad de reorganizar la distribución edilicia conforme a la nueva integración del cuerpo legislativo.
La resolución recuerda que el Sistema de Registro Patrimonial de Bienes de Uso de la Cámara, aprobado en 2019, ya fijaba que los legisladores son responsables de la custodia y restitución de los bienes recibidos. La falta de devolución, advierte el documento, afecta la correcta administración de los recursos públicos y la transparencia institucional. Por ello, la Presidencia consideró necesario establecer un procedimiento claro y sanciones concretas para garantizar la integridad del patrimonio legislativo.
La resolución introduce un mecanismo de sanción económica para quienes incumplan con la obligación de devolución. En esos casos, se procederá al descuento de la última dieta (el salario que percibe el legislador) hasta cubrir el valor total de los bienes no restituidos, según la valuación establecida en el reglamento interno. El texto es explícito: “el incumplimiento de la obligación establecida en el artículo precedente dará lugar al descuento de la última dieta a percibir al momento del cese del legislador, hasta completar el importe total de los bienes no restituidos”.
En los casos en que el valor de los bienes no devueltos supere el monto de la liquidación final y el legislador no abone la diferencia, la resolución instruye al Servicio Jurídico Permanente de la Cámara a iniciar las acciones judiciales necesarias para recuperar los bienes o su valor equivalente. El documento ordena también a la Dirección General de Recursos Humanos que ejecute las retenciones previstas, en coordinación con el Departamento de Patrimonio.
La decisión se apoya en la premisa de que los espacios físicos y los recursos asignados a los legisladores, bloques y comisiones constituyen un recurso institucional común, cuya distribución debe responder a criterios de racionalidad, equidad y operatividad. En palabras del texto, “la adecuada restitución de los bienes patrimoniales al momento del cese de funciones constituye una obligación esencial derivada de la responsabilidad patrimonial individual de cada funcionario público”.
La resolución deroga toda norma previa que se oponga a estas disposiciones y establece que la última dieta de los legisladores salientes solo se hará efectiva una vez producida la devolución de los bienes y espacios asignados. Con esta medida, la Cámara de Diputados busca fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en la gestión de los recursos públicos, en línea con los principios republicanos y la ética en la función pública.
