Es por el caso del chico que se suicidó al no poder recuperarse de su atracción por las drogas. “No podemos brindar soluciones inmediatas a las requisitorias judiciales”.
El suicidio de un joven de 16 años atribulado por el consumo de drogas fue el punto que faltaba para desnudar las falencias de un sistema de salud pública que parece desmoronarse sin poder salvar la vida de los puntanos. Como respuesta de un informe que pidió la jueza que intervino en el caso que quiso saber por qué el paciente no había sido todavía internado por su adicción, el Centro de Prevención y Asistencia a las adicciones, dependiente del Ministerio de Salud de la provincia, dijo que que “ante la delicada situación que atraviesa el sistema de salud provincial se hace dificultoso y/o imposible brindar soluciones inmediatas a las requisitorias judiciales…”.
Así de cruda, así de desinteresada, fue la respuesta del organismo provincial ante el pedido de la jueza Natalia Giunta que a la vez replicaba un clamor desesperado de los padres del chico. La contestación del Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones se dio a conocer en un comunicado del Poder Judicial en el que deslinda responsabilidades por el desamparo en el que se encontró la víctima.
Giunta es la jueza de Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia Nº 1 y recibió en octubre del 2023 a los padres del chico cuando recayeron en la justicia a pedir ayuda porque sus dos hijos estaban en una dramática situación de adicciones. Una de las primeras determinaciones de la magistrada fue ordenar la internación de los menores. Y trató de concretar los trámites por medio del estado provincial.
“La demora en la concreción de ambas internaciones se debió a gestiones administrativas de organismos externos al Poder Judicial, por cuanto no existió negativa por parte de la jueza, a no dar cumplimiento a la medida de internación recomendada por los profesionales médicos competentes”, se lee en el comunicado emitido por la oficina de prensa del Palacio de Justicia.
La jueza dejó en claro que desde el primer momento solicitó medidas para conocer la situación de los hermanos, entre ellas la realización de juntas interdisciplinarias para determinar la internaciones de ambos.
Entre los trámites que llegaron al despacho de Giunta estaba el informe del mismísimo Centro de Prevención y Asistencia a las Adicciones que recomendaba la internación del joven en una comunidad llamada “Casa de Sur”, en Monte Grande, Buenos Aires. Semanas más tarde, el mismo organismo dijo que no podía efectivizar esas internaciones.
El 5 de diciembre del año pasado la jueza le pidió precisiones al organismo provincial sobre el modo en que se efectivizará el traslado y la internación. La respuesta fue que se había iniciado un expediente administrativo ante el Ministerio de Salud, a los efectos de gestionar una beca para solventar los gastos de ingreso del joven puntano a la institución bonaerense.
La oficina de prensa del Poder Judicial reconoció que hubo retrasos en la internación de los hermanos pero los adjudicó “a gestiones administrativas de organismos externos a la justicia”.
La última acción judicial emprendida por la magistrada fue el viernes 10 de enero, tres días antes del suicidio del joven. Allí, Giunta consultó por la falta de respuestas del Gobierno Provincial y se encontró con la insólita respuesta.
A la frialdad inusitada de un organismo que requiere un factor humano especial para hacer su trabajo, se sumó en el informe la noticia de que la Subdirección de Adicciones “no cuenta con los medios ni insumos indispensables para la internación”.
