Desde esta semana, el juez en lo Criminal y Correccional Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende avanzan con la investigación. “Nos engañaron cuando nos vendieron los lotes y pretenden seguir engañándonos”, dice la demanda
Unas 300 personas denunciaron penalmente haber sido estafadas por uno de los emprendimientos más lujosos de Pinamar. “Ni (Leonardo) Cositorto se atrevió a tanto”, dice con ironía a Infobae Diego Pirota, el reconocido abogado que, además, es uno de los perjudicados. Es que el emprendimiento se formó hace más de 20 años con la promesa de ser el exclusivo barrio privado de la ciudad elegida por la política y el jet set porteño durante el verano. Instalado en los bosques, el proyecto inmobiliario incluía desde canchas de polo hasta áreas de equitación y recreación. Pero ahora los dueños de la empresa quieren vender esas áreas comunes, que mantenían los vecinos, y así generar más ganancias.
“Enrique Guillermo Shaw y sus socios ahora pretenden lotear y vender un espacio -área deportiva- que nos habían dicho que pertenecía a un Barrio Privado que nunca existió como tal. Nos engañaron cuando nos vendieron los lotes, y nos pretenden seguir engañando hoy cuando nos quieren quitar espacios que nos vendieron. Vale aclarar que el valor que cada propietario pago por su lote, y esto aplica a todos los propietarios, correspondía al valor que posee un lote en un barrio privado, ciertamente mucho más elevado que si el lote no estuviera contenido dentro de un barrio/country. No hay muchas más cosas que decir para explicar la maniobra”, se advirtió en la demanda.
Los acusados son Enrique Guillermo y Jorge Enrique María Shaw, junto a la empresa “Pinamar Sociedad Anónima Forestal, Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial e Industrial”, más conocida como Pinamar SA. También las firmas “Imfi S.A.”, “Caec S.A.” y toda otra persona física o jurídica que puedan ser autores, partícipes o encubridores de estas maniobras. El juez en lo Criminal y Correccional Diego Slupski y el fiscal Eduardo Rosende trabajan en la causa.
“Estamos en presencia de hechos sumamente graves cometidos a gran escala, por sujetos instruidos, reconocidos en el ámbito inmobiliario y que se han valido de la empresa Pinamar S.A. (con vasta trayectoria) para perjudicar deliberadamente a cientos de familias (entre ellas, las de los suscriptos) y obtener así un rédito sideral”, sostuvo la denuncia, Hay unos 300 perjudicados: unos 100 que son habitantes de la ciudad balnearia y otros 200 inversores oriundos de la Capital o el conurbano.
El artículo 172 del Código Penal castiga con “con prisión de un mes a seis años al que “defraudare a otro con nombre supuesto, calidad simulada, falsos títulos, influencia mentida, abuso de confianza o aparentando bienes, crédito, comisión, empresa o negociación o valiéndose de cualquier otro ardid o engaño”.
Todo comenzó el 30 de mayo de 2003, cuando las firmas Pinamar S.A. y Caec S.A. celebraron un contrato de fideicomiso, en calidad de “fiduciantes-beneficiarias”, con la empresa Imfi S.A., esta última como “fiduciaria”, a partir del cual consolidaron un proyecto inmobiliario millonario. Con aquel fideicomiso (que fue renovándose a lo largo de los años) se centró en el desarrollo de un ambicioso proyecto de urbanización en un predio de grandes dimensiones de la ciudad de Pinamar, lindero a la ruta 11, que incluía áreas verdes, boulevares, “Club House”, piscina, canchas de polo, áreas de equitación y deportivas, entre otros amenities. Así se detalla en los contratos firmados. Se publicitaba como Barrio La Herradura, como el primer y único “barrio privado” de la zona. “Lotes a partir de 1400 metros cuadrados”, prometía.
Desde el inicio, el predio permaneció cerrado con alambrado y/o cercos, con un acceso con seguridad privada y control de ingreso. No era un dato menor para garantizar la seguridad, la privacidad y la práctica de deportes al aire libre. “Tiempo después nos daríamos cuenta de que aquello tan solo constituyó el puntapié inicial de la maniobra que se había pergeñado”, sostuvo la denuncia penal radicada la semana pasada en los tribunales porteños. Es porque las firmas involucradas, hasta el estudio de arquitectura, tienen sede en la Capital Federal, según se publicitaba.
“Está claro que aquello que promocionaba Pinamar S.A. era la venta de terrenos en un barrio privado de la ciudad de Pinamar, dotado de cercos perimetrales, seguridad privada, áreas verdes, “Club House”, canchas de polo, áreas deportivas con canchas de tenis y fútbol, jaulas de golf, piscina, etc. NUNCA NADIE DUDÓ DE LO QUE SE OFRECÍA. MUCHO MENOS PROVINIENDO DE LA EMPRESA QUE SE JACTA DE SER LA FUNDADORA DE LA CIUDAD DE PINAMAR”, aseguró el abogado Pirota en la demanda.
Para sumar pruebas, se adjuntó una impresión de la página web del Gobierno Municipal del Partido de Pinamar (certificada por ante escribano público), de fecha 29 de junio de 2011, en la cual se hacía alusión a la actividad de polo en la ciudad de Pinamar y se afirmaba que: “Esta actividad se practica en el barrio privado La Herradura, un predio con extensos espacios verdes, pintorescas casas, un club house con restaurante y un centro hípico. La Herradura cuenta con dos campos de polo en óptimas condiciones, diseñados por el reconocido especialista Alejandro Battro. Allí se realizan importantes torneos en los que participan los equipos más importantes a nivel nacional y también internacional. Además de poder disfrutar de estos eventos se creó una escuela de polo para iniciados y niños. Máster de polo Series durante losdías de la semana. La Herradura. Av. Shaw e Illiada”.
“Hoy no solo sabemos que lo que compramos no es un barrio privado sino que además los desarrolladores buscan comercializar el área que comprende el sector deportivo para lotearlo y continuar vendiendo lotes individuales, privándonos de ese modo de la única área deportiva de todo el predio. Un verdadero disparate que evidencia el engaño del que hemos sido víctimas”, se sostuvo. La demanda señala también que esa área es “mantenida por los propios vecinos del barrio y viendo siendo utilizada por todos ellos desde que se creó el barrio hasta ahora”
“Valdría preguntarse, ¿por qué se pretende enajenar un sector que desde el inicio del proyecto conformó -y conforma- una de las principales atracciones del barrio?. La respuesta a ello podría resumirse en una sola palabra: codicia. Esa codicia es la que lleva a los aquí denunciados, con Enrique Guillermo Shaw a la cabeza, a no sólo colocarnos en un lugar de víctimas de una estafa por la venta de un predio que en su esencia no resulta lo que nos vendieran (nos decían que era un barrio privado y no lo es), sino que ahora pretenden quitarnos una de las atracciones más importantes del emprendimiento (las áreas deportivas), para lotearlas y obtener una ganancia exorbitante e ilícita– por tratarse de un espacio que hoy posee un valor de mercado que nunca tuvo la tierra en dicho emprendimiento”, afirmó
La demanda explicó que esa situación se debe a “lógicamente cuando todos compramos nuestros lotes, hace casi veinte años atrás, al no encontrase desarrollado aún el barrio, la tierra resultaba más barata que en la actualidad”. Hoy, en cambio, ” todo se encuentra vendido y desarrollado”. Así, “obtener una enorme manzana entera libre y dispuesta a ser loteada aparece como un negocio inmobiliario fenomenal que al parecer no se encuentran dispuestos a dejar pasar”.
La presentación también reseñó que hace unos días la Asociación de Vecinos que fuera conformada en su oportunidad por los propios sujetos denunciados (”sí, resulta increíble que hayan sido ellos mismos quienes organizaron una asociación de vecinos para un barrio que legalmente no es un barrio privado”), recibió una notificación de mediación frente a este conflicto.
El abogado reclamó llevar adelante una serie de medidas de prueba, como informes a la Inspección General de Justicia sobre los legajos completos de las firmas “Pinamar Sociedad Anónima, Forestal, Agropecuaria, Inmobiliaria, Comercial e Industrial” (CUIT 30-52676215-7), Imfi S.A. (CUIT 30-70830358-1) y Caec S.A. (CUIT 30-70819542-8), y una copia digitalizadas de los expedientes a la Municipalidad de Pinamar sobre la creación del barrio y la comercialización de los lotes. Reclamaron también que la escribanía VERA TAPIA el contrato de Fideicomiso de fecha 30 de mayo de 2003 que diera forma al emprendimiento con todos sus anexos, la totalidad de los contratos y escrituras expedidas en relación al emprendimiento “La Herradura”. Y el llamado a indagatoria de todos los responsables por defraudación.
