“Sólo el 20% de los patrulleros estaba en funcionamiento”

El segundo eje que planteó el gobernador Claudio Poggi fue el de “luchar sin cuartel contra la inseguridad y la droga, que alteró nuestra tranquilidad como sociedad”. Y se mostró a favor de castigar a los menores que cometan delitos graves: “Ni la marginalidad, ni la vulnerabilidad, ni la pobreza son excusas”, aseguró, aunque aclaró que es una decisión que se debe tomar a nivel nacional.

Lo primero que remarcó es que su gestión encontró una ausencia total de políticas de seguridad y ningún tipo de tecnología. Aseguró que “la Policía de San Luis es la única del país que carece de una herramienta básica como es el sistema de comunicación de misión crítica, además de una ausencia de capacitación de los agentes, que no tienen el equipamiento de protección individual de chalecos, ni uniformes acordes, ni municiones”.

En materia de movilidad, dijo que encontró “solo el 20% de los patrulleros en funcionamiento (131 patrulleros funcionaban, 157 fuera de servicio, y 400 directamente para remate), el 50% de las motos fuera de servicio, con un ministerio de Seguridad y una conducción policial que estaban muy compenetradas, contaminadas diría, por la política partidaria, además de estar totalmente auto aislada de cooperación con policías provinciales limítrofes y con las fuerzas federales”.

Otra carencia hallada fue la falta de “un trabajo coordinado con las fiscalías, que son en nuestro sistema judicial quienes dirigen las investigaciones de los delitos. Y ni hablar del deplorable estado edilicio del 75% de nuestras comisarías y destacamentos, y de nuestro querido Instituto Superior de Seguridad Pública, donde solo se puede usar un tercio de sus instalaciones”.

En cuanto a la droga, el Primer Mandatario dijo que está “circulando como el agua”. Ante esta situación, cree que “no podemos llegar a ser Rosario o el conurbano bonaerense, donde todos los días mueren ciudadanos inocentes, víctimas de la inseguridad y de la droga. No va a ser de la noche a la mañana, pero tenemos claro que debemos recuperar la tranquilidad para nuestras familias”.

También recordó lo realizado en materia de seguridad y en la lucha contra el  narcotráfico en los 113 días que lleva la gestión: “Primero despolitizamos la conducción del ministerio de Seguridad, la Policía y la Penitenciaría, para que todas las energías estén afectadas a la política de seguridad y se realizó ordenamiento jerárquico institucional”.

Entre otras medidas, “diseñamos un plan anual de entrenamiento para el personal en actividad y se formalizó un convenio para la profesionalización del personal de seguridad con el Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina para que los efectivos puedan alcanzar su título de grado. En estos 113 días de gestión se capacitaron a 1.500 preventores del nuevo Programa de Prevención Ciudadana y seguirá esta capacitación para lo que resta del año para los demás preventores”.

San Luis comenzó a unificar criterios de trabajo colaborativo con los ministros de seguridad de las provincias vecinas, algo que según Poggi “ya está dando resultados”. En tanto que “se gestionó el desembarco de Gendarmería Nacional, ya que era la única provincia en donde no tenía permitido actuar”. En este sentido, remarcó que esa fuerza “dará un fuerte apoyo en el control del tráfico en nuestras rutas y en la lucha contra el narcotráfico. Ya adaptamos en La Punta su base operativa física, y el próximo lunes 6 de mayo ya estará funcionando en San Luis”.

Habrá inversiones también en materia de seguridad. “Estamos en un proceso de compra de 70 patrulleros equipados para la acción preventiva, lo que equivale a aumentar en más de un 50% la dotación. Y en las próximas horas se realizará la adjudicación con un plazo de 30 a 45 días para recibirlos equipados. Además, se adquirieron 14 motos afectadas al patrullaje”.

Poggi también se encargó de llevar tranquilidad a los efectivos de todas las fuerzas. “El criterio que adoptaremos con las fuerzas de seguridad, policial y penitenciaria será cuidarlos, vamos a cuidar a quienes nos cuidan, y en el marco de la ley y la Constitución los vamos a respaldar siempre en su accionar. Yo estoy del lado del orden, del lado de las víctimas de los delitos. Parece obvio lo que digo, pero son épocas en las que hay que aclararlo bien”.

Al igual que el Gobierno nacional, se mostró a favor de bajar la edad de imputabilidad. “Quiero dejar sentada mi postura respecto de los delitos graves realizados por menores. Si bien es una legislación nacional y no provincial, en los delitos extremos, graves, como matar o violar, cometidos por menores tiene que haber ejemplaridad. Estoy de acuerdo en bajar la edad de imputabilidad, y no lo digo desde una posición ideológica, lo digo desde una realidad que tenemos que revertir, ya que un alto porcentaje de delitos los cometen menores. Ni la marginalidad, ni la vulnerabilidad, ni la pobreza son excusas para que un menor cometa un delito extremo. Si se trata a nivel nacional la baja en la edad de imputabilidad, mi voz estará a favor”.

El Gobernador anunció también varios proyectos de ley que enviará a la Legislatura. Uno de ellos será la reforma del Código Procesal Penal, “para terminar con la puerta giratoria, que los delincuentes entren por una puerta y salgan inmediatamente por otra, burlando el sistema de justicia. Esta reforma propone que quienes sean apresados por segunda vez deben esperar el juicio en prisión preventiva”.

Otro proyecto será suspender por un año, prorrogable por otro, la Ley N°1081. “En el año 2022, San Luis adhirió a una ley nacional para que parte de los delitos de lucha contra el narcotráfico sean investigados por la Justicia provincial. A la fecha no se ha implementado, pero vemos que en las provincias que sí lo han hecho, los resultados no han sido buenos. La falta de coordinación y la fragmentación de las investigaciones ha tenido como resultado que no se puede llegar a los peces gordos del negocio ilícito de la droga”.

En cuanto a un proyecto de ley de la diputada Marisa Patafio, también relacionado con la lucha contra las drogas, aseguró que el Gobierno lo hará suyo. Aseguró que establece “una visión de ejemplaridad y coherencia de aquellos que están en funciones públicas, de legislar, de juzgar y de ejecutar políticas públicas. Lo que pretende el proyecto de ley es que los funcionarios públicos de nivel jerárquico que se están desempeñando en el Estado no consuman ni sean adictos a drogas ilegales. Si la demanda se reduce, se reduce la oferta, se achica el mercado o el negocio para el narcotraficante”. Para ello, establecerá un mecanismo obligatorio y aleatorio de exámenes médicos y bioquímicos, respetando siempre el derecho de defensa, confidencialidad y las garantías constitucionales de los involucrados”.

Otra ley que derogará será la conocida como ‘Ley de Parajes’, la que consideró contraria a la Constitución nacional. “Establece que personas condenadas puedan desarrollar en una especie de libertad anticipada, proyectos productivos y/o económicos en parajes de San Luis con la sola autorización del Gobierno provincial, dejando desdibujada la figura del juez de ejecución penal, quien es el responsable y encargado del cumplimiento de la pena impuesta al ciudadano”.

También pretende impulsar un proyecto de ley que elimine la feria judicial, ya que considera que “el derecho de acceso a la Justicia de los ciudadanos se contrapone con la paralización de la Justicia por un mes y medio. El lapso prolongado de suspensión de los plazos procesales conspira contra la eficiencia del servicio”. Consideró a la feria judicial “un privilegio del Estado”.

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