Piden tres años de prisión en suspenso para un hombre por distribuir pornografía infantil

Está acusado del delito de distribución de material consistente en representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Un reporte del Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual (Ncmec, por sus siglas en inglés), remitido al Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial de San Luis, concluyó con una acusación penal contra un hombre de 44 años por presunta distribución de pornografía infantil.

El caso fue llevado a debate oral este lunes donde el fiscal de Juicio N° 2, Fernando Rodríguez, y la defensora de Juicio N° 2, Cecilia Cabello, presentaron un acuerdo para que la causa termine bajo el procedimiento de juicio abreviado y que el imputado sea condenado a tres años de prisión en suspenso por el delito de distribución de material consistente en representaciones de un menor de 18 años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente sexuales.

Ahora el tribunal de la Cámara Penal N° 2 Residual, integrado por Adriana Lucero Alfonso, Fernando De Viana y Hugo Sáa Petrino, deberá resolver en los próximos días si homologa o rechaza el convenio.

El hecho

En noviembre de 2018, personal del Departamento de Delitos Complejos del Poder Judicial elevó para conocimiento del magistrado interviniente un reporte relacionado a la distribución de material de abuso sexual infantil remitido por la Ncmec.

Los reportes de referencia fueron vinculados al usuario que el imputado tenía en su Red Social de Facebook. Se dispuso por el juez de la causa el allanamiento en un domicilio del barrio Eva Perón y se secuestraron celulares y computadoras correspondientes al hombre investigado.

De los peritajes a los dispositivos móviles secuestrados, se encontró un video de 44 segundos de duración, de enero de 2018, en el que se visualizaba a una menor realizando actos de explícito contenido sexual. También se registró en abril del 2017 una fotografía que mostraba a una menor de edad en estado de desnudez y que poseía, al igual que el video, connotación sexual.

“A partir de la prueba mencionada surge acreditada la existencia del hecho investigado. En efecto surge de la pericia practicada a los elementos electrónicos secuestrados en el domicilio del imputado, la existencia de material correspondiente a imágenes y videos de contenido sexual explícito que involucra a menores de 18 años de edad. Que entre el material de esa naturaleza informado por los peritos informáticos se encuentra el video que motivara el reporte correspondiente por Ncmec. Además, se pudo establecer en orden a la carpeta en que se encontraba dicho material que había sido compartido por el acusado”, dice la acusación fiscal.

Existe en Estados Unidos una ley federal que obliga a todas las empresas de internet, entre ellas Facebook, a reportar a Ncmecdenuncias de sus clientes, cuando hayan subido imágenes a la red con contenido sexual infantil. La ONG ha convenido con la mayoría de los países un acuerdo en el que dicha conducta es catalogada como un delito y dentro de esos países, ha firmado convenio con la República Argentina, específicamente con el MPF de la CABA y que por eso fue notificada de esta información y remitida a la provincia de San Luis.

Cómo se descubre la distribución de pornografía infantil en internet

La detección de la producción y distribución de pornografía infantil es un proceso que involucra la colaboración de instituciones y organismos internacionales. Generalmente, este proceso inicia con la alerta emitida por NCMEC, que es una organización no gubernamental estadounidense y trabaja en estrecha colaboración con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos y mantiene acuerdos con las principales empresas de Internet.

Su función principal es monitorear el contenido en la web para identificar posibles casos de pedofilia. Este enfoque conjunto entre ONG, fuerzas de seguridad y empresas tecnológicas es esencial para abordar eficazmente este grave problema a nivel internacional. Las compañías informáticas trasladan estas informaciones al NCMEC y es la ONG quien eleva una denuncia al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. En el caso de que la IP sea extranjera, el organismo de Seguridad Nacional estadounidense deriva el caso al país en el que se registró la IP. (Periódico Judicial)

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