Javier Milei corre al Estado de la energía, pero no paga subsidios y se complican las importaciones

  • El Gobierno quiere una desregulación plena del mercado eléctrico.

Pocos minutos después de anunciarle su despido, al operario le preguntaron: “¿Cómo se hacen las exportaciones?”. Con amargura, el técnico se rio y se fue sin explicar cómo era su trabajo altamente calificado.

El Gobierno cerró un área clave para la regulación del sistema eléctrico, despidió a sus empleados y busca conocer cómo funcionan las importaciones y exportaciones de energía. La medida fue tomada como paso previo a una desregulación del mercado, para que vuelva a funcionar como era en los años 90.

Según especialistas del sector, el apuro en concretar este cambio, sin un plan integral sólido atrás, podría complicar la operación del sistema. Por ejemplo, la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) realiza importaciones de energía programadas ante los picos de demanda y aprovecha ofertas cuando los países vecinos tienen a disposición exportaciones con excedentes de electricidad baratos.

Eso no sería posible sin esta área. En cambio, la Argentina debería poner en funcionamiento centrales térmicas más caras para el sistema, con el consiguiente aumento del costo promedio y la necesidad de trasladárselo a las familias en sus tarifas o al Estado, mediante subsidios.

Para qué sirve Cammesa

Esta semana, asesores de la Secretaría de Energía, entre ellos Carlos Morales, se presentaron en las oficinas de Cammesa y disolvieron la gerencia de Contratos, con 9 empleados que fueron echados.

El sector, de carácter netamente técnico y alejado de la política, funcionaba como intermediario entre generadoras y el Organismo Encargado del Despacho (OED), que regula técnica y económicamente el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el Sistema Argentino de Interconexión (SADI). Así se lo confirmaron a Clarín diversas fuentes, pero lo negó el Gobierno.

En el sistema eléctrico, las generadoras le venden su energía a Cammesa, que promedia todo el costo y lo revende equitativamente a las distribuidoras, para llegar, al final de la cadena, a los hogares, industrias y comercios. Esto funciona así excepto en el caso de los Grandes Usuarios, que contratan de manera privada su abastecimiento de energías renovables.

La gerencia de Contratos de Cammesa ponía en una “bolsa” a las plantas que producen a 500 dólares por megavatio-hora (MWh) y a las represas hidroeléctricas a las que se les pagan US$ 20. Sin un cambio integral en la regulación, podría suceder que una distribuidora de Buenos Aires tenga asignado el contrato más caro y se deban multiplicar varias veces las tarifas, mientras que en Santa Cruz -por ejemplo- bajen considerablemente. Los empresarios sostienen, en cambio, que el sistema será mucho más eficiente y el contrato de u$s 500 sería descartado.

Este esquema normativo para el mercado solo funcionaría bien con un sistema saneado y con todos los usuarios pagando con sus tarifas el costo real de la energía, una idea hacia la que tiende el Gobierno pero que todavía está lejos de concretarse.

La cadena de pagos de la energía

Hoy hay un virtual quiebre en la cadena de pagos del sector eléctrico, tras la devaluación de diciembre. Las generadoras como Pampa Energía, Central Puerto, YPF Luz, Enel, Albanesi y Genneia -entre otras- obtienen sus fondos vía Cammesa luego del pago de las distribuidoras (como contracara de los usuarios finales) y del Tesoro nacional, que aporta la diferencia con subsidios.

Pero las distribuidoras acumularon una deuda de $ 483.500 millones hasta mediados de febrero al no pagar las transacciones económicas, como una forma de retener dinero para financiar el pago de sueldos, impuestos, repuestos y mantenimientos indispensables. Ante la falta de tarifas que reflejen sus costos -dicen en el sector- las empresas energéticas no pagan la propia energía que venden.

En la otra punta de la mesa, el ministro de Economía, Luis Caputo, se sentó sobre la caja del Estado para mostrar que el Gobierno de Javier Milei consiguió un superávit financiero (más ingresos que gastos aun después del pago de intereses de la deuda). En enero, dejó sin pagar casi $ 500.000 millones o el equivalente a todo ese superávit que festejó y le presentó al Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según fuentes del mercado, recién este viernes las transportistas de electricidad, como Transener, cobraron la totalidad de la operación, que debieron haber percibido por completo el 10 de enero. Hasta el momento, con 50 días de demora, algunas empresas solamente cobraron la mitad de lo correspondiente, y sostienen que está en riesgo el pago de sueldos.

No obstante, el secretario general del sindicato de Luz y Fuerza, Guillermo Moser, confirmó a Clarín que en estos días se están regularizando los salarios y que arregló una paritaria del 15%.

La situación también alcanza a las petroleras que le venden gas a Cammesa para la generación de energía. “La deuda acumulada por el Tesoro nacional con las empresas llega a $ 850.000 millones. A los 2 meses de su vencimiento, empieza el llanto más fuerte“, le dijeron a este diario fuentes con conocimiento del sector.

NE

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